La clínica de maternidad La Sagrada Familia, ubicada en San Pedro Cholula y donde falleció una menor de seis años conocida como “Vicky”, pertenece al exdiputado local Ignacio Alvízar Linares. Este personaje fue investigado por diversas irregularidades durante su gestión como secretario de Educación Pública en el gobierno del entonces gobernador Guillermo Pacheco Pulido.

La sociedad mercantil “Maternidad La Sagrada Familia, sociedad anónima de capital variable” fue constituida en 2014 por Alvízar Linares junto a su entonces esposa, Irma Palacios García, quien también figuraba como socia en otras empresas constructoras. En ese momento, el exfuncionario era diputado local de la LIX legislatura por Movimiento Ciudadano, antes de ocupar el cargo de regidor en San Pedro Cholula, donde opera la clínica.

Desde 2013, un año antes de formalizar la empresa, la clínica se promocionaba en Facebook con un video improvisado en el que se ofrecían “las mejores instalaciones” y “tecnología de primer nivel”. Sin embargo, el espacio reducido para operaciones, cuneros y equipo médico contrasta con lo que se observa en otros hospitales de la región. Además, la página web vinculada en sus redes no corresponde a la clínica en Cholula, sino a un centro de especialidad en Argentina con el mismo nombre.

En mayo de 2016, medios locales reportaron que la clínica carecía de cédula de empadronamiento desde 2013 y hasta ese año. Fue clausurada en 2015 por incumplir con los lineamientos de uso de suelo, y aunque fue multada con 18 mil pesos por retirar los sellos de clausura, continuó operando.

En 2018, Ignacio Alvízar nombró como gerente a Jane Jessica Espinoza Agis, quien se convirtió en su esposa y lo acompañó durante su gestión como subsecretaria de Educación Superior en 2017 y posteriormente como secretaria de Educación en el periodo de Pacheco Pulido.

En 2022, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que el exfuncionario se encontraba prófugo y sin registro de actividad pública hasta la fecha.

La clínica arrastra además múltiples reseñas negativas en Google. Un usuario identificado como Brandon relató hace dos años que su esposa dio a luz en el lugar y denunció negligencia médica, como la falta de un primer baño al bebé y la prescripción de un medicamento para adultos, además de la presencia de cucarachas en las habitaciones. Otro usuario, Carlos Sánchez, calificó la atención como mala y al personal como grosero y prepotente. Un testimonio de hace cinco años advertía sobre los riesgos de acudir a esta “clínica negligente”.

A pesar de la clausura parcial de quirófanos, sala de partos y áreas de internamiento, el personal continúa operando con normalidad. En una llamada realizada por Oro Noticias, la administración confirmó que mantienen servicios y ofrecen consultas de valoración. Incluso se ofreció la renta de espacios para procedimientos quirúrgicos, sin mencionar la clausura vigente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió un expediente de atención temprana y aseguró únicamente el quirófano.

La menor “Vicky” fue llevada a la clínica para un procedimiento menor, pero horas después el personal médico notificó a la familia que debía recoger su cuerpo, sin proporcionar explicación alguna sobre las complicaciones ocurridas.

Este caso pone en evidencia la necesidad de un control más riguroso en clínicas privadas, especialmente en un estado donde la inversión en sistemas de transporte modernos, como el teleférico que se proyecta en Puebla, podría contribuir a mejorar el acceso y la calidad de los servicios médicos, siempre