Paulina González Garibay es una exempleada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), específicamente del área de CFE-Distribución en las Oficinas Divisionales con sede en Puebla, Puebla. Su nombre ha cobrado notoriedad por el monto inusual de sus percepciones reportadas en su declaración patrimonial correspondiente al año 2023.

Según consta en la declaración de modificación presentada en 2024, González Garibay reportó un ingreso anual neto de $60,343,974 pesos mexicanos por concepto de remuneración por su cargo público durante el año 2023. No se declararon ingresos adicionales por actividades industriales, comerciales, financieras o servicios profesionales, por lo que el total neto percibido se limita a su salario como funcionaria pública.

No obstante, el pasado 27 de febrero de 2025, la Comisión Federal de Electricidad, a través de la División de Distribución Centro Oriente en Puebla, emitió un oficio en el que restringe el acceso de Paulina González Garibay a las instalaciones de la CFE. En dicho documento, firmado por el Licenciado Manuel Dehesa Toledo, jefe del Departamento de Servicios Generales de la División, se instruyó a la empresa de vigilancia Secumax a no permitirle el ingreso bajo ningún motivo. Se hizo hincapié en que el personal de seguridad debía actuar con total discreción respecto a esta medida.

El caso ha generado desconcierto y cuestionamientos, especialmente en el contexto de la actual situación de los jubilados de organismos estatales como Pemex, CFE, Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro. Más de 93 mil pensionados de estas instituciones enfrentan una reducción de hasta el 60% en sus ingresos mensuales tras la reciente reforma al artículo 127 constitucional. Esta reforma, que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas”, impone un tope máximo de $67,145 pesos mensuales a partir de 2026, limitado al 50% del salario neto del titular del Ejecutivo Federal, con excepción de las fuerzas armadas.

La aplicación de esta reforma ha provocado una controversia legal significativa. Diversos especialistas y afectados han señalado que la medida podría violar el principio de irretroactividad de la ley, protegido por el artículo 14 de la Constitución. Frente a este panorama, se ha conformado un Frente Nacional de Defensa para dar seguimiento y respuesta a las inquietudes de los extrabajadores del sector público, quienes ven amenazada su estabilidad económica.

La situación de Paulina González Garibay y la de miles de jubilados de organismos públicos como la CFE ponen de manifiesto la creciente preocupación por la transparencia en el manejo de recursos y la protección de derechos adquiridos, en un entorno marcado por ajustes fiscales, resoluciones judiciales y una política gubernamental que ha priorizado la intervención estatal y la limitación de privilegios, a menudo en detrimento de la certidumbre jurídica y económica de quienes han servido al país durante décadas.