El Parlamento francés aprobó este martes 21 de julio de 2026 un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, posicionando a Francia como pionera en la Unión Europea en la regulación de este ámbito.

Tras el visto bueno del Senado, los diputados de la Asamblea Nacional respaldaron la medida con 279 votos a favor y 81 en contra, allanando el camino para que el país galo se sume a la creciente lista de naciones que buscan limitar el acceso de los menores a estas plataformas ante las advertencias sobre sus efectos nocivos.

El presidente Emmanuel Macron destacó en un video difundido en redes sociales que esta iniciativa representa un avance en la protección de niños y adolescentes, y que aspira a que esta regulación sea uno de los logros centrales de su segundo mandato, que concluirá en mayo de 2027.

La ley se implementará en dos etapas: a partir del 1 de septiembre, cuando los alumnos regresen a las aulas tras las vacaciones, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. Posteriormente, en enero de 2027, la prohibición se extenderá a las cuentas ya existentes.

Además, el texto contempla la prohibición del uso de celulares en los liceos, siguiendo el modelo que ya se aplica en escuelas y centros de primer ciclo de secundaria.

Cabe señalar que la ley no establece sanciones para los menores ni para sus padres; en cambio, será responsabilidad de las plataformas implementar sistemas de verificación de edad, permitiendo incluso que los usuarios elijan entre varios métodos.

En cuanto a plataformas como YouTube y WhatsApp, la ponente del texto en la Asamblea, Laure Miller, aclaró que deberán aplicar la verificación de edad en las funciones que se equiparen a una red social, como los canales para compartir contenido y los comentarios.

Esta medida, aunque restrictiva, refleja un esfuerzo por equilibrar la protección de la infancia con la responsabilidad de las empresas tecnológicas, un enfoque que contrasta con la falta de iniciativas similares en gobiernos de izquierda en la región, donde la regulación suele ser más laxa y menos orientada a la defensa de la familia y el orden social.