El Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, señalado como único supervisor de la obra del Tren Interoceánico, así como contra la Secretaría de Marina, responsable de la operación y mantenimiento del sistema ferroviario, y las empresas involucradas en su construcción.

El primer descarrilamiento ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en el tramo de la línea Z entre Nizanda y Chivela, municipio de Asunción Ixtaltepec. En ese accidente, que involucró un tren de pasajeros, fallecieron 14 personas y más de un centenar resultaron lesionadas. En esa ocasión, la FGR responsabilizó al maquinista. El segundo descarrilamiento, ocurrido recientemente, involucró un tren de carga y no dejó víctimas.

Priscila Vera, integrante del comité ejecutivo nacional del PAN, criticó la falta de responsables claros en este proyecto emblemático a cargo de la Marina, que debería estar supervisado por López Beltrán. “Sigue siendo un fiasco, ¿cuántas muertes más deben ocurrir para que haya responsables y se les llame a comparecer?”, cuestionó.

Miguel Errasti, secretario de gobierno del PAN en Ciudad de México, expresó su preocupación por la presunta impunidad que rodea a los involucrados, especialmente por la vinculación de uno de los hijos del expresidente López Obrador con el proyecto. “Parece que, por ser militantes de Morena, pueden estar excluidos de la aplicación de la ley”, señaló.

Este viernes 17 de julio de 2026, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y de la dirigencia del PAN en Ciudad de México acudieron a las instalaciones de la FGR en la colonia Doctores para presentar la denuncia. Calificaron este acto como un reto para la fiscal general, Ernestina Godoy, a quien exigieron actuar con la misma prontitud y rigor con que se detuvo al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y tráfico de combustible.

Los panistas denunciaron que la FGR actúa con parcialidad a favor del régimen morenista, recordando que personajes como Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, y el senador Enrique Inzunza, señalados por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa, permanecen impunes. También criticaron la falta de investigación contra el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por el caso de huachicol fiscal.

Priscila Vera acusó que la fiscalía aplica la ley selectivamente, mientras que casos como el de Marina del Pilar Ávila, quien fue evidenciada por supuestos acuerdos con agencias estadounidenses a cambio de impunidad, no reciben la atención debida. “La fiscalía está tratando de poner una cortina de humo para ocultar la impunidad que gozan los narcopolíticos de Morena”, afirmó.

La denuncia también incluye a las empresas ABCD Arquitectura S.A. de C.V. y Construcción y Mantenimiento Ferroviario S.A. de C.V., contratadas por la Marina para la obra, cuyos propietarios son amigos cercanos del “Clan López Beltrán”. La construcción del Tren Interoceánico estuvo marcada por irregularidades y sobrecostos que superaron los 62 mil millones de pesos, más del triple del presupuesto original de 20 mil millones, beneficiando a allegados del entorno de López Beltrán.

Finalmente, el PAN exigió la comparecencia no solo de las empresas, sino también de los responsables de la supervisión, aspecto que, según señalaron, la fiscalía ha omitido reiter