Las autoridades de Países Bajos confirmaron el primer caso de eutanasia practicada a un niño de entre 1 y 12 años desde que en febrero de 2024 entró en vigor la normativa que permite este procedimiento para menores con enfermedades incurables que sufran de forma insoportable y sin perspectivas de mejoría.

La ministra neerlandesa de Salud, Sophie Hermans, informó al Parlamento que la comisión encargada de evaluar casos de interrupción tardía del embarazo y terminación de vida en recién nacidos y niños recibió la notificación a finales de 2025 y recientemente concluyó su examen.

Durante el análisis, la comisión revisó el expediente, escuchó al médico responsable y remitió su dictamen a la Fiscalía, que deberá determinar si el facultativo actuó conforme a la legislación vigente. La ministra no reveló la edad exacta del menor ni la enfermedad que padecía.

La legislación vigente desde febrero de 2024 autoriza la eutanasia en niños de entre 1 y 12 años que se encuentren en fase terminal y sufran de manera insoportable sin esperanza de recuperación. La decisión debe contar con el consentimiento de los padres y ser evaluada por al menos un médico independiente.

Este caso es el primero registrado desde la ampliación de la ley, que anteriormente solo contemplaba la eutanasia en recién nacidos y menores mayores de 12 años. Al aprobarse la normativa, se estimó que alrededor de cinco niños al año podrían cumplir los requisitos para acceder a este procedimiento, generalmente en casos de anomalías congénitas o enfermedades metabólicas.

La introducción de esta regulación generó un intenso debate político y ético en Países Bajos. Partidos conservadores y confesionales han cuestionado la medida, mientras que asociaciones médicas han defendido la necesidad de un marco legal para situaciones excepcionales de sufrimiento extremo.

Por otra parte, en 2025 la comisión recibió tres notificaciones de interrupciones tardías del embarazo, todas relacionadas con fetos afectados por graves daños cerebrales derivados de infecciones congénitas por citomegalovirus. En estos casos, los médicos actuaron tras constatar la ausencia de tratamientos capaces de mejorar el pronóstico, y que, de llegar al nacimiento, los niños habrían padecido discapacidades neurológicas severas, epilepsia de difícil tratamiento y dependencia total de cuidados. La comisión concluyó que los médicos actuaron conforme a los requisitos legales de diligencia.