La mañana de este miércoles 24 de junio de 2026, jueces y magistrados en retiro realizaron una manifestación frente a las instalaciones del Tribunal de Disciplina Judicial, ubicadas en avenida Insurgentes Sur, colonia San Ángel, cerca de la estación del Metrobús Doctor Gálvez. La protesta tuvo como objetivo exigir el pago de indemnizaciones pendientes tras haber sido retirados de sus cargos debido a la reciente reforma judicial.

Entre los participantes destacó el magistrado Reynaldo Reyes Rosas, quien ha expresado su rechazo al nuevo sistema judicial impulsado por el gobierno federal. Reyes Rosas anunció que declina su participación en este sistema por “congruencia y dignidad”, y criticó los métodos de selección, como el uso de la tómbola, calificándolos como “novísimos, pero corruptos procedimientos”. Tras más de 37 años de servicio en la impartición de justicia federal, el exjuez y magistrado ha hecho público su pronunciamiento sobre su salida del Poder Judicial.

Esta manifestación se suma a la protesta del pasado 25 de mayo, cuando una centena de jueces y magistrados en retiro bloquearon los tres accesos del Órgano de Administración Judicial (OAJ) para exigir el pago a 86 de ellos, así como las pensiones complementarias a 120 exjuzgadores. El bloqueo impidió el ingreso de trabajadores al órgano, quienes permanecieron afuera esperando instrucciones.

El magistrado en retiro y exconsejero de la Judicatura Federal, Juan Carlos Cruz Razo, también se presentó en la sede del OAJ para expresar su descontento por la falta de pago de su indemnización. Cruz Razo, quien fue secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, señaló que la ausencia de estos pagos afecta el sistema de vida de los juzgadores cesados. Además, criticó que los magistrados y jueces deban justificar ante el OAJ su derecho a estas indemnizaciones, cuando están contempladas en la reforma judicial plasmada en la Constitución.

Estas protestas evidencian la tensión generada por la reforma judicial y la necesidad de respetar los derechos adquiridos de quienes han dedicado décadas al servicio público. En un contexto donde la estabilidad y el orden institucional son fundamentales, resulta indispensable que las autoridades cumplan con sus obligaciones para preservar la confianza en el sistema judicial.