La noche del sábado 6 de junio de 2026, en Acatlán de Osorio, se registró un incidente que ha generado un nuevo foco de tensión en la administración municipal. Habitantes denunciaron que Uriel Paniagua Vargas, subdirector de Servicios Públicos Municipales y cuñado de la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas, presuntamente agredió físicamente a un hombre y realizó disparos de arma de fuego durante una riña.

Los denunciantes señalaron que, además de la agresión, elementos de la Policía Municipal habrían incurrido en omisiones al atender el incidente, y que enfrentaron obstáculos para presentar formalmente la querella ante la Fiscalía General del Estado. La gravedad del caso se intensifica por la cercanía familiar de Paniagua Vargas con la alcaldesa y su posición dentro del gobierno local.

Este suceso ocurre en un contexto político ya complicado para la administración de Bárcenas. El pasado lunes 8 de junio, el Cabildo de Acatlán aprobó por mayoría solicitar al Congreso del Estado la destitución y eventual revocación de mandato de la alcaldesa, tras denuncias de irregularidades administrativas, falta de transparencia, manejo cuestionable de recursos públicos y acusaciones de nepotismo.

Los regidores también han expresado inconformidades por dificultades para acceder a información financiera del Ayuntamiento, presuntos abusos de funcionarios y deficiencias en el funcionamiento de diversas áreas municipales. La denuncia contra un familiar directo de la alcaldesa añade presión a un gobierno que ya enfrenta un escrutinio político sin precedentes en la región.

Diversos sectores de la población exigen que la investigación sea atraída y conducida de manera imparcial por autoridades estatales, para evitar sospechas de protección política. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a las acusaciones contra Uriel Paniagua Vargas.

Por su parte, la alcaldesa Guadalupe Bárcenas ha rechazado las acusaciones en su contra, calificándolas como parte de una campaña de desgaste político impulsada por sus adversarios. Sin embargo, el nuevo escándalo pone en entredicho la capacidad de la administración para actuar con firmeza y transparencia, especialmente en casos que involucran a familiares cercanos de sus funcionarios.

Mientras las víctimas buscan formalizar la denuncia y obtener justicia, la sociedad local permanece atenta a que las autoridades actúen con la misma rigurosidad que aplicarían a cualquier ciudadano, sin que el parentesco con la presidenta municipal interfiera en el proceso legal.