La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla presentó seis denuncias penales contra empresas que presuntamente entregaron documentación alterada para su registro en el padrón estatal de proveedores y contratistas. Entre estas compañías se encuentra Petroaadlab, S.A. de C.V., vinculada a Rafael Zabalza Beraza, conocido públicamente como “El Tirador de la Atlixcáyotl”. Zabalza Beraza
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla presentó seis denuncias penales contra empresas que presuntamente entregaron documentación alterada para su registro en el padrón estatal de proveedores y contratistas. Entre estas compañías se encuentra Petroaadlab, S.A. de C.V., vinculada a Rafael Zabalza Beraza, conocido públicamente como “El Tirador de la Atlixcáyotl”.
Zabalza Beraza fue detenido por la Fiscalía General del Estado por su presunta responsabilidad en disparos contra vehículos que circulaban por la Vía Atlixcáyotl. La empresa Petroaadlab fue constituida el 29 de marzo de 2017 y posteriormente inició su proceso de registro ante el Gobierno de Puebla, según confirmó el secretario Alejandro Espidio Reyes.
El funcionario explicó que la Secretaría detectó irregularidades en la documentación presentada por estas seis empresas, aunque no reveló los nombres de las otras cinco ni detalles sobre las carpetas de investigación o los documentos alterados. La información recabada fue remitida a las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades penales o administrativas.
Ante esta situación, la Secretaría propuso al Congreso de Puebla una iniciativa para fortalecer los procesos de calificación y registro de proveedores y contratistas. La propuesta busca establecer con mayor claridad los requisitos relacionados con solvencia económica, capacidad técnica, solvencia moral, experiencia y especialización.
Además, se planteó la instalación de una mesa de trabajo para delimitar competencias y mejorar la revisión de expedientes presentados por las empresas interesadas en contratar con el Gobierno estatal.
Estas acciones reflejan la necesidad de preservar la integridad y transparencia en la contratación pública, aspectos fundamentales para garantizar el orden y la confianza en la gestión pública, especialmente en un contexto donde la intervención estatal debe ser responsable y limitada.















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