La jueza Araceli Martínez-Olguín emitió el viernes por la mañana una orden para suspender temporalmente la fusión entre Paramount y Warner Bros., luego de que una coalición de 12 estados, encabezada por California, argumentara que la operación violaría la ley federal antimonopolio de Estados Unidos. Según esta coalición, la fusión podría derivar en precios más altos y una reducción en la oferta de películas y programas de televisión.

La orden de restricción temporal impedirá que el acuerdo se concrete por un plazo máximo de 28 días, mientras se resuelve la demanda presentada por los estados. Además, estos solicitaron una medida cautelar preliminar que bloquearía la fusión hasta que el juez se pronuncie sobre el fondo del caso.

Paramount había acordado previamente no cerrar la transacción antes del 22 de julio, fecha que se mantiene vigente. En la audiencia, Martínez-Olguín señaló que Paramount admitió que una pausa temporal no le causaría perjuicio, y su representante, Jeffrey Kessler, ofreció estipular que la transacción no se cerraría durante 30 días, a la espera de una resolución judicial.

La compañía solicitó una audiencia con testigos presenciales para finales de agosto, con la expectativa de obtener un fallo a principios de septiembre. De no concretarse el acuerdo antes del 30 de septiembre, Paramount enfrentaría el pago de millones de dólares diarios a los inversores de Warner Bros.

Los estados demandantes sostienen que la fusión afectaría la competencia en los mercados de cable básico y cine, al combinar a dos de las tres principales programadoras de cable y a dos de las cinco principales distribuidoras de películas. Por su parte, Paramount argumenta que el mercado cinematográfico es más competitivo y dinámico gracias a la presencia de nuevos participantes como A24 y Amazon MGM. También señala que el mercado del cable está en declive, por lo que las estimaciones de concentración presentadas por los estados no deberían ser consideradas determinantes.

Este caso refleja la importancia de preservar la competencia en sectores estratégicos, evitando que grandes conglomerados concentren el mercado en detrimento de los consumidores y la diversidad de contenidos. La decisión judicial en las próximas semanas será clave para definir el futuro de esta operación.