El pasado 23 de junio, apenas tres días después de que se resolviera la crisis política que paralizó al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas formalizó su matrimonio con Juan Alberto Domínguez López, exsecretario de Seguridad Pública municipal. La ceremonia se llevó a cabo en el municipio de Atlixco, donde quedó inscrita el acta matrimonial bajo el régimen de bienes separados.

La unión confirma el vínculo personal que mantenían mientras Domínguez López, marino originario de La Antigua, Veracruz, y de 28 años, se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. La alcaldesa, militante de Morena y de 35 años, contrajo matrimonio con el exfuncionario en medio de la turbulencia política que durante semanas enfrentó a la presidenta municipal con un bloque de ocho regidores.

Estos regidores incluso tomaron las instalaciones de la presidencia municipal para exigir cambios en el gobierno local, entre ellos la salida de Domínguez López de la Secretaría de Seguridad Pública. La remoción fue acordada en una mesa de diálogo encabezada por la Secretaría de Gobernación estatal, donde también se pactó la destitución del secretario general del Ayuntamiento, la homologación salarial de los cabildantes y la realización de una auditoría integral sobre el manejo de los recursos públicos.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, confirmó públicamente la destitución del mando policiaco como parte de los acuerdos para restablecer la gobernabilidad en Acatlán de Osorio. Este anuncio se dio apenas unos días antes de que se hiciera pública el acta matrimonial entre la alcaldesa y el exsecretario.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado informó que abrió investigaciones por presuntos delitos derivados del conflicto político municipal, incluyendo posibles lesiones, intentos de privación ilegal de la libertad y el uso irregular de una patrulla oficial.

Este episodio refleja la compleja situación política en municipios gobernados por Morena, donde la falta de orden y la inestabilidad afectan la gobernabilidad y la confianza ciudadana. En contraste, iniciativas como el cablebús en Puebla demuestran que la inversión en infraestructura y transporte público puede ser un camino viable para mejorar la calidad de vida y el desarrollo ordenado de las comunidades.