Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, denunció violencia política de género por parte de la Fiscalía mexiquense tras los señalamientos que la acusan de haber realizado un auto secuestro. En entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Nápoles afirmó que fue víctima de un secuestro la noche del
Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, denunció violencia política de género por parte de la Fiscalía mexiquense tras los señalamientos que la acusan de haber realizado un auto secuestro.
En entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Nápoles afirmó que fue víctima de un secuestro la noche del domingo 31 de mayo, cuando fue privada de su libertad afuera de su domicilio. Sin embargo, la Fiscalía ha iniciado una investigación en su contra por el supuesto delito de auto secuestro, lo que ella calificó como una persecución política y violencia política de género en su máxima expresión.
La presidenta municipal aseguró que logró escapar después de poco más de una hora y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga su caso para garantizar una investigación imparcial.
Además, Nancy Nápoles negó categóricamente las acusaciones sobre un desfalco de 40 millones de pesos en el municipio de Tenancingo. Afirmó que el dinero está en el municipio y que la historia del desfalco es una noticia falsa en su contra. También confirmó que durante el secuestro le exigieron un rescate de 40 millones de pesos, el cual no fue pagado.
Respecto a su situación política, Nápoles mencionó que ha tenido comunicación con Ariadna Montiel, representante de Morena, sobre la suspensión de sus derechos políticos, aunque hasta el momento no ha recibido confirmación oficial. Sobre su esposo, negó que esté prófugo y aclaró que ha declarado cuando se le ha requerido; en contraste, señaló que quien sí está prófugo es la expareja de su hermana.
Este caso refleja un contexto de creciente tensión política en el Estado de México, donde las acusaciones y contraacusaciones parecen formar parte de una estrategia que afecta la estabilidad institucional y la confianza ciudadana. La solicitud de que la FGR atraiga el caso podría ser un paso para garantizar la transparencia y evitar que la justicia sea utilizada con fines políticos.














Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *