El alcalde de San Rafael, Veracruz, Gil Armando Méndez Grappin, ha sido señalado por presuntamente ocultar a su sobrino, Ricardo R. S., acusado del feminicidio de Andrea Maylín Chino Ramos en Yautepec, Morelos. La denuncia fue hecha pública por la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, que también acusa al edil de proteger a los padres del presunto feminicida, quienes fueron detenidos el 17 de junio de 2026.

Según la agrupación, Méndez Grappin, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), habría utilizado su influencia para esconder a Ricardo R. S. y a sus padres en San Rafael, Veracruz. La Fiscalía General del Estado de Morelos acusa a los padres del presunto feminicida por encubrimiento y complicidad. Viola S., madre de Ricardo R. S., fue detenida en San Rafael, mientras que su esposo, Ricardo R. C., fue aprehendido en el Estado de México.

El caso se remonta al 20 de junio de 2025, cuando Andrea Maylín, de 22 años, desapareció en Yautepec tras salir con su novio, Ricardo R. S. Tres días después, él se comunicó con la familia de la víctima alegando desconocer su paradero. El cuerpo de Andrea fue encontrado el 30 de julio de 2025 en un predio cercano al domicilio de la familia de Ricardo en Yautepec, lo que motivó la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Morelos. Desde entonces, Ricardo R. S. permanece prófugo, presuntamente con apoyo de sus padres.

La detención de los padres fue posible gracias a la Ley Monse, una reforma pionera en Morelos que elimina la “excusa absolutoria” para familiares que encubren delitos graves como feminicidio. Esta ley fue aprobada en Veracruz el 28 de octubre de 2025, con 39 votos a favor, y establece responsabilidades penales para quienes protejan a los responsables de estos crímenes.

Aruzy Unda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar, señaló que el alcalde Méndez Grappin podría ser objeto de investigación por las autoridades debido a su presunta participación en el encubrimiento, ocurrido después de la aprobación de esta reforma.

Este caso pone en evidencia la compleja relación entre el ejercicio del poder público y la justicia en Veracruz, donde la protección de la propiedad y el orden público deben prevalecer sobre intereses personales o familiares. La sociedad exige que las autoridades actúen con transparencia y firmeza para garantizar que no haya impunidad en delitos tan graves como el feminicidio.