La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” solicitó la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Congreso local, ante lo que consideran un intento de criminalización del ejercicio periodístico en el municipio de Tenancingo.

El conflicto se originó a partir de citatorios emitidos por la policía municipal hacia cuatro comunicadores que participan en el espacio informativo “La Madeja Política de Tenancingo”: Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez.

Estos periodistas fueron señalados en la carpeta de investigación 275/2026, en la que se les atribuyen presuntos actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidación y daño a la reputación, derivados de publicaciones y comentarios difundidos en redes sociales relacionados con la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco.

Según el documento de denuncia, los señalamientos incluyen supuestas expresiones de insulto, sarcasmo e ironía; sin embargo, los comunicadores sostienen que sus publicaciones forman parte del ejercicio legítimo de análisis y crítica hacia la administración municipal, especialmente en temas como servicios públicos, obra pública, transparencia, sueldos y presuntos casos de nepotismo.

El colectivo advirtió que este caso abre un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de servidores públicos, así como sobre la ponderación del interés público frente a figuras políticas en funciones.

Los periodistas fueron citados ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG), con sede en Metepec, donde comparecieron tras ser notificados el pasado 2 de junio. En este proceso, les advirtieron sobre la posibilidad de una sanción económica derivada de un supuesto daño psicológico a la edil, quien habría solicitado una reparación del daño por 125 mil pesos para cada uno de los señalados.

Además, la agrupación denunció que la presidenta municipal habría solicitado a la ciudadanía evitar comentarios en redes sociales sobre su administración o la difusión de contenidos de la prensa local, lo que representa una restricción a la libre discusión pública y al debate democrático.

La denuncia de la alcaldesa argumenta que las publicaciones periodísticas la revictimizan al retomar un presunto secuestro que habría sufrido y que fue difundido previamente en medios de comunicación, a partir de un video en el que ella misma relató los hechos.

Por su parte, los comunicadores sostienen que su labor informativa se basa en investigación periodística y solicitudes de información pública, por lo que reiteran que sus contenidos se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión y al escrutinio del desempeño gubernamental.

Finalmente, el colectivo hizo un llamado a las autoridades estatales para garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico en la entidad y evitar cualquier forma de criminalización contra quienes ejercen labores de comunicación, en el contexto de las reformas en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el Estado de México.