El 18 de junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en el Estado de México confirmó por unanimidad la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta Cisneros, señalado en el polémico caso Cassez. Esta resolución refrenda la libertad del exrecluso, quien había obtenido su liberación en agosto de 2025 tras casi
El 18 de junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en el Estado de México confirmó por unanimidad la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta Cisneros, señalado en el polémico caso Cassez. Esta resolución refrenda la libertad del exrecluso, quien había obtenido su liberación en agosto de 2025 tras casi 20 años en prisión sin sentencia firme.
Vallarta fue acusado de secuestro y de liderar la banda conocida como ‘Los Zodiaco’. La Fiscalía General de la República (FGR) apeló la absolución argumentando que el secuestro es un delito grave y que no se podía dejar en estado de indefensión a las víctimas. Sin embargo, el tribunal determinó que no existían elementos suficientes para acreditar su culpabilidad.
Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto con su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez, en un operativo que se transmitió en vivo y que generó gran impacto mediático. Posteriormente se reveló que la detención había sido un montaje, ya que ocurrió un día antes y el reportaje contenía inconsistencias.
Este caso provocó un conflicto diplomático entre México y Francia y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2013, Cassez fue liberada por violaciones a sus derechos, mientras que Vallarta permaneció encarcelado sin juicio durante casi dos décadas.
La controversia se intensificó en 2021 cuando se detuvo a presuntos responsables de tortura relacionados con el caso, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, exalto mando vinculado a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad hoy preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Este desenlace pone en evidencia las fallas en el sistema judicial y la importancia de respetar el debido proceso, así como la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar la justicia sin afectar la seguridad jurídica ni la propiedad privada.

















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