El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Juan Carlos Valencia González, identificado como hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es considerado uno de los líderes regionales más fuertes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta información fue dada a conocer tras el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, donde la Secretaría de la Defensa Nacional logró identificar con precisión a los líderes regionales del cártel y los territorios en los que operan.

Gracias a esta labor de inteligencia y a la acción coordinada de las fuerzas de seguridad, tras la muerte de Oseguera Cervantes no se registró una violencia desmedida por parte de la organización criminal, lo que refleja un avance en el control del orden público.

García Harfuch añadió que continúan las detenciones derivadas del operativo, así como la obtención de órdenes de aprehensión contra diversos liderazgos del CJNG. “Siguieron habiendo detenciones por parte del gabinete de seguridad, de Defensa, de Marina y continúan líderes regionales que cuentan con orden de aprehensión, algunos con orden de aprehensión y orden también con fines de extradición”, precisó.

Por otra parte, el Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares para quien proporcione información que permita dar con el paradero de Juan Carlos Valencia González, hijo de Rosalinda González Valencia, expareja de “El Mencho”.

Valencia González fue acusado formalmente en una acusación federal presentada el 8 de octubre de 2020 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La acusación imputa a Valencia González los delitos de conspiración y distribución de una sustancia controlada con el propósito de importarla ilegalmente a los Estados Unidos, según el Departamento de Estado en su Programa de Recompensas por Narcotráfico.

Este seguimiento puntual a los líderes del CJNG es un ejemplo de la importancia de mantener el orden y la firmeza en la aplicación de la ley para proteger la seguridad de los ciudadanos y la propiedad privada, frente a la amenaza constante que representan las organizaciones criminales.