El Gobierno del Estado de Puebla informó este lunes 15 de junio de 2026 que 152 policías municipales de San Andrés Cholula operan sin contar con la acreditación requerida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La irregularidad fue confirmada por el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, durante una conferencia de prensa.

Aguilar Pala exhortó al Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por la alcaldesa panista Guadalupe Cuautle Torres, a regularizar la situación a la brevedad. El funcionario destacó que los elementos deben cumplir con los procesos de certificación, evaluación y acreditación establecidos por las autoridades nacionales, mecanismos que garantizan la capacitación y los controles de confianza necesarios para el desempeño policial.

“Es un tema que debe solventarse”, señaló el secretario de Gobernación al referirse a la falta de acreditación de estos 152 elementos.

Esta revelación ocurre en un contexto de controversia por la detención de Ariana N, una madre de familia sometida por policías municipales el pasado 11 de junio en las inmediaciones del Parque Intermunicipal de Cholula. Las imágenes del procedimiento, que se viralizaron en redes sociales, muestran a la mujer siendo contenida por varios agentes mientras sus dos hijos menores lloran y tratan de acercarse a ella, lo que generó una fuerte reacción ciudadana.

Ante estos hechos, Aguilar Pala hizo un llamado enérgico al gobierno municipal para respetar los protocolos de actuación policial y de detención, subrayando que durante la intervención se vulneró la integridad de la mujer y sus hijos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una queja de oficio con carácter urgente contra cinco policías municipales y calificó preliminarmente la detención como arbitraria.

En respuesta, el Gobierno estatal solicitó al Ayuntamiento reforzar la capacitación de sus elementos y garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos para el uso de la fuerza, especialmente en situaciones que involucren a menores de edad.

Estas acciones y cuestionamientos colocan a la administración de Guadalupe Cuautle bajo presión mientras avanzan las investigaciones de derechos humanos y el proceso para regularizar a los policías sin acreditación. Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido una postura detallada sobre los señalamientos realizados por la Secretaría de Gobernación estatal.