A partir del viernes 9 de enero de 2026, inició en México el registro obligatorio de líneas celulares, una medida impulsada como parte de un esquema de control que busca reforzar la seguridad y la verificación de identidad para combatir los fraudes telefónicos. Sin embargo, a un mes de que finalice el plazo para cumplir con este requisito, la respuesta de la ciudadanía ha sido limitada.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, de aproximadamente 158 millones de líneas telefónicas existentes en el país, sólo alrededor de 30 millones han sido registradas hasta el momento. Esto representa menos del 30% de la población con líneas móviles, lo que evidencia una baja colaboración en el proceso desde el inicio del proyecto de seguridad.

De acuerdo con los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el Diario Oficial de la Federación, los proveedores de servicios deberán deshabilitar temporalmente aquellas líneas que no hayan sido vinculadas a un titular. Esta suspensión entrará en vigor a partir del 1° de julio de 2026 y, durante el periodo de restricción, los usuarios únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia como 911, 089 y 088, o a líneas de soporte del operador correspondiente.

Cabe destacar que la suspensión del servicio no exime a los usuarios de sus obligaciones contractuales con las compañías telefónicas, por lo que deberán continuar pagando su plan o equipo, aun cuando el uso de la línea esté restringido.

A pesar de las consecuencias establecidas, la población mexicana se mantiene escéptica respecto al proceso, lo que se refleja en la baja tasa de registro y ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de extender el plazo de vinculación. Actualmente, menos del 30% de las 158 millones de líneas en México han sido registradas, lo que deja alrededor de 128 millones de líneas aún pendientes de cumplir con el trámite a un mes de que concluya el periodo establecido.

En respuesta a esta situación, la CRT ha lanzado una campaña nacional para incentivar la participación, enfocando su estrategia de difusión en redes sociales, sitios oficiales del gobierno, operadores de telecomunicaciones y medios masivos, tanto estatales como comerciales. La campaña también se extiende al transporte público, incluyendo el Metro y Metrobús, con el objetivo de alcanzar a un mayor número de usuarios y fomentar el cumplimiento de esta medida.