La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, que enviará al Congreso de la Unión una propuesta formal de reforma electoral con el objetivo de impedir la postulación de candidatos y candidatas que presenten “riesgo” de vínculo con la delincuencia organizada.

La Mandataria explicó que esta iniciativa ya formaba parte del llamado Plan A, la primera propuesta de reforma electoral presentada durante su campaña, y que ahora será retomada. De ser aprobada en un periodo extraordinario por las cámaras de Diputados y Senadores, la medida tendría aplicación a partir del proceso electoral de 2027.

La propuesta se presentará junto con la reforma al poder judicial, anunciada por la presidenta el pasado lunes. Según el gobierno federal, ambas iniciativas buscan fortalecer la integridad y la confianza en las instituciones públicas.

Durante la misma conferencia, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, detalló que el gobierno enviará al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La iniciativa contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Esta comisión tendría la misión de escrutar los perfiles de quienes busquen una candidatura a cargos de elección popular, con la finalidad de evitar que personas vinculadas a actividades ilícitas lleguen a las boletas electorales.

El procedimiento, según explicó la consejera jurídica, sería voluntario. Los aspirantes y los partidos políticos entregarían a la Comisión una lista de candidatos. Posteriormente, la Comisión consultaría a diversas instancias federales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), para detectar si existen señalamientos, investigaciones o movimientos bancarios irregulares relacionados con los candidatos.

Una vez realizadas las consultas, las autoridades entregarían un análisis de riesgos a los partidos políticos, quienes tendrían la responsabilidad final de decidir si mantienen o retiran a los aspirantes. Este proceso, de acuerdo con Luisa María Alcalde, sería completamente confidencial. Solo en caso de detectarse posibles actividades delictivas se abriría una investigación formal.

La presidenta Sheinbaum subrayó la importancia de este escrutinio, especialmente a la luz de los recientes hallazgos de la Operación Enjambre, que ha resultado en la detención de decenas de funcionarios públicos presuntamente relacionados con actividades criminales. La Mandataria señaló que esta reforma es también una respuesta a la falta de aprobación de su ‘Plan A’ en materia electoral, que ya contemplaba un mayor control sobre la selección de candidaturas.

Sheinbaum expresó que su propósito es que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas comience a funcionar desde las próximas elecciones, para lo cual será necesario que el Congreso de la Unión analice y, en su caso, apruebe la reforma en un periodo extraordinario de sesiones.

Esta iniciativa, de ser aprobada, representaría un paso significativo para fortalecer la legalidad y el orden en los procesos electorales, al tiempo que protege el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes en un entorno de mayor seguridad y transparencia, sin recurrir a una intervención estatal desmedida que pudiera vulnerar la autonomía de los partidos y la propiedad privada.