La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por su presunta participación en el caso relacionado con la compra-venta irregular de la planta chatarra de Agronitrogenados. La detención se llevó a cabo en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad
La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por su presunta participación en el caso relacionado con la compra-venta irregular de la planta chatarra de Agronitrogenados.
La detención se llevó a cabo en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Marina), en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Según la investigación de la FGR, Gilda Susana habría realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa “Tochos Holding Limited”. Esto ocurrió a través de la cesión de derechos que le hizo su hermano Emilio Lozoya.
Se establece que entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, recibió cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares provenientes de Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira Elizondo. Posteriormente, transfirió una cantidad menor a diversas personas.
Con estas acciones, se convirtió en beneficiaria de la empresa mediante la cesión de derechos sobre una cuenta bancaria en Suiza, abierta a nombre de una empresa fachada propiedad de Emilio Lozoya. De estos recursos se financió la compra de una residencia en la Ciudad de México valuada en más de 32 millones de pesos, inmueble que ya fue sujeto a extinción de dominio en sentencia definitiva.
Cabe señalar que al momento en que ocurrieron estos hechos, Emilio Lozoya Austin ya tenía conocimiento de que asumiría la titularidad de Pemex.
Gilda Susana Lozoya quedó a disposición de la autoridad judicial federal que la requirió, la cual determinará su situación jurídica.
Este caso vuelve a poner en evidencia la compleja red de operaciones financieras que han afectado a la empresa productiva del Estado, y subraya la importancia de mantener un sistema judicial firme que garantice la rendición de cuentas sin caer en intervenciones estatales excesivas que puedan afectar la estabilidad económica y la confianza en las instituciones.
















Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *