La directora de Convenciones y Parques de Puebla, Michelle Talavera, enfrenta una nueva ola de críticas tras compartir en redes sociales que recientemente concluyó sus estudios y se graduó como licenciada en Derecho. Esta publicación reavivó el debate sobre si cumplía con los requisitos legales para ocupar la titularidad del organismo. Las críticas se suman
La directora de Convenciones y Parques de Puebla, Michelle Talavera, enfrenta una nueva ola de críticas tras compartir en redes sociales que recientemente concluyó sus estudios y se graduó como licenciada en Derecho. Esta publicación reavivó el debate sobre si cumplía con los requisitos legales para ocupar la titularidad del organismo.
Las críticas se suman a la polémica por el contrato de 307 mil pesos otorgado al influencer Adolfo Lazzari, a quien la funcionaria reconoció como su expareja sentimental, aunque negó que existiera un conflicto de interés.
Usuarios de redes sociales han puesto especial atención en el Artículo 11 de la ley que regula el organismo Convenciones y Parques, el cual establece que el Director Ejecutivo debe haber desempeñado por más de cinco años cargos de alto nivel decisorio, preferentemente en el sector turismo de negocios y con experiencia en materia administrativa.
La reciente graduación de Talavera ha llevado a cuestionar si, al momento de su nombramiento hace aproximadamente dos años, podía acreditar la trayectoria y experiencia administrativa que exige la legislación para dirigir un organismo público descentralizado que administra un presupuesto anual cercano a los 300 millones de pesos.
Hasta el momento, ni la funcionaria ni el Gobierno de Puebla han emitido respuesta pública a estos señalamientos relacionados con los requisitos de elegibilidad para el cargo.
Esta controversia se suma a las demandas de mayor transparencia en la contratación de influencers por parte de Convenciones y Parques, manteniendo a la dependencia bajo escrutinio público. Crecen las peticiones para que se aclare si el nombramiento cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley, en un contexto donde la correcta administración y el respeto a la normatividad son fundamentales para la confianza ciudadana.
















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