El martes 9 de junio de 2026, a menos de 48 horas del inicio del Mundial, los propietarios de palcos y plateas del Estadio Azteca en Ciudad de México denunciaron una serie de irregularidades que afectan sus derechos de propiedad privada. Roberto Ruano, secretario de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, informó
El martes 9 de junio de 2026, a menos de 48 horas del inicio del Mundial, los propietarios de palcos y plateas del Estadio Azteca en Ciudad de México denunciaron una serie de irregularidades que afectan sus derechos de propiedad privada. Roberto Ruano, secretario de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, informó en entrevista que enfrentan desacato a órdenes judiciales, bloqueo de accesos y violaciones contractuales.
El mismo día, los dueños se presentaron en las inmediaciones del estadio para exigir el acceso a sus espacios, los cuales suman aproximadamente 750. Ruano enfatizó que no buscan confrontación física, sino documentar legalmente cada obstrucción para preparar una demanda millonaria por daños y perjuicios al concluir el torneo.
Según Ruano, aunque algunos boletos para el partido inaugural han sido entregados, permanecen bloqueados en las aplicaciones digitales, lo que impide el uso pleno de sus palcos. Además, se les ha negado el acceso a estacionamientos y la entrada de alimentos y bebidas, derechos que están garantizados en sus contratos.
El representante explicó que la asociación está levantando actas ante notarios y autoridades judiciales para dejar constancia formal de estas violaciones. Su objetivo es obtener una indemnización que cubra no solo el acceso, sino también la facultad para vender, traspasar o rentar sus lugares, así como los servicios asociados.
Ruano concluyó con un mensaje claro: “Nosotros no queremos que un extranjero venga a decirnos qué hacer en nuestro país. Tenemos la verdad absoluta, jurídica documentada y de usos y costumbres de 50 años que hoy quieren cambiar las reglas de un día a otro”.
Este conflicto pone en evidencia la tensión entre la organización internacional del evento y los derechos de propiedad privada de los mexicanos, un tema que merece atención y respeto a la legalidad.
















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