Este jueves, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal local para sancionar la cohabitación forzada con penas de hasta 22 años y medio de cárcel, especialmente cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables. Con esta decisión, Puebla se convierte en la entidad número 13 en legislar sobre este tema, marcando una fecha relevante en la protección de los derechos de menores y personas en situación de vulnerabilidad.

La reforma al artículo 224 del Código Penal establece una pena de 8 a 15 años de prisión para quienes obliguen a menores de 18 años o personas vulnerables a unirse informalmente con otra persona en condiciones similares al matrimonio. La sanción puede incrementarse hasta 22 años y medio si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, o si el agresor tiene una relación de parentesco, tutela, autoridad o dependencia con la víctima.

El dictamen fue impulsado principalmente por legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En el debate se destacó que una de cada cinco mujeres en Puebla se une en pareja antes de cumplir los 18 años. Además, en 2022 se registraron más de 9 mil nacimientos de madres menores de 15 años en el país, lo que evidencia la gravedad del problema.

La reforma busca también reducir los índices de deserción escolar y embarazo adolescente, fenómenos asociados a las uniones forzadas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2025 Puebla registró una tasa de fecundidad forzada en niñas de 12 a 14 años de 2.95 nacimientos por cada mil menores, cifra superior al promedio nacional de 2.39. Aunque la proporción estatal es menor a la de 2018, cuando se registraron 3.68 nacimientos por cada mil niñas de ese grupo de edad, la reducción no ha sido suficiente para sacar a Puebla de los diez estados con mayor incidencia.

El estudio “Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las(os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años”, elaborado por Conapo, ubicó a Puebla en el octavo lugar nacional el año pasado, sólo por debajo de entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Campeche, Michoacán y Veracruz.

La aprobación de esta reforma representa un avance en la protección de la infancia y la adolescencia en Puebla, aunque los retos persisten debido a factores como la discriminación estructural, la pobreza y las prácticas tradicionales que continúan normalizando matrimonios y convivencias tempranas.