La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó esta tarde en Ensenada, Baja California, una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de esa entidad, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La detención ocurre en medio de un escándalo político en Baja California, donde se han filtrado supuestos acuerdos entre la gobernadora Mariana del Pilar Ávila y el FBI para convertirse en informante.

La FGR informó que la investigación que derivó en la orden de captura fue de alta complejidad y está relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por Ruffo Appel.

El exgobernador era investigado por su posible participación como accionista mayoritario de la empresa Ingemar, vinculada al aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente relacionados con el denominado “huachicol fiscal”.

Ruffo Appel ha declarado públicamente que su empresa únicamente se encarga de la logística de importación y trámites aduanales en la frontera, negando cualquier participación en actividades ilícitas.

Cabe recordar que Ernesto Ruffo fue el primer gobernador de oposición en México, al ganar en 1989 la gubernatura de Baja California por el Partido Acción Nacional (PAN), un hecho que marcó el inicio de la alternancia política en el país.

Desde el año pasado, su nombre ha estado vinculado a las investigaciones sobre el “huachicol fiscal”. En julio de 2025, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Ingemar formaba parte de las carpetas de investigación abiertas por las autoridades federales.

En ese momento, Ruffo aseguró tener la conciencia tranquila, negó haber sido citado por las autoridades y manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones, insistiendo en que la empresa operaba dentro del marco legal y que proporcionaría toda la información requerida.

Este caso representa un nuevo capítulo en la lucha contra el contrabando de combustible, un problema que afecta la seguridad y la economía del país, y que requiere acciones firmes sin afectar la iniciativa privada ni la legalidad que debe prevalecer en las operaciones comerciales.