Rafael N., conocido como el presunto “Tirador de Atlixcáyotl”, fue trasladado y recluido en el penal de San Miguel, ubicado en la capital poblana, tras confirmarse la prisión preventiva por parte del juez de control.

La noche del miércoles 15 de julio, fuentes del área de Centros Penitenciarios informaron que el empresario de origen español ingresó al penal después de ser trasladado desde la Casa de Justicia Centro en 11 Sur alrededor de las 23:00 horas.

El aseguramiento de Rafael N. se concretó luego de semanas de incertidumbre en la zona metropolitana de Puebla. La Fiscalía General del Estado (FGE) capturó al acusado en el exclusivo fraccionamiento Santa Fe Residencial, tras un operativo que culminó en un enfrentamiento armado, ya que el detenido respondió a los agentes con disparos.

De 65 años, el empresario opera formalmente en el sector farmacéutico, aunque su historial revela una conducta delictiva que ha afectado la seguridad y el orden público. Investigaciones de inteligencia y balística, coordinadas entre la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública, determinaron que los ataques no se realizaban desde edificios altos, sino desde el interior de un vehículo en movimiento, que fue identificado en repetidas ocasiones en las inmediaciones de los incidentes.

Hasta el momento de su captura, las autoridades contabilizaban al menos diez carpetas de investigación en su contra, relacionadas con daños materiales severos a vehículos particulares y agresiones físicas graves.

Además, Rafael N. fue señalado en 2013 por su participación irregular en licitaciones de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. A través de adjudicaciones directas y presuntos prestanombres, obtuvo contratos que superaron los 94 millones de pesos. Su red de influencia se extendió desde los gobiernos de Melquíades Morales hasta el de Mario Marín Torres, lo que evidencia la persistencia de prácticas cuestionables en la administración pública local.

La audiencia de vinculación a proceso está programada para este domingo 19 de julio a las 9:00 horas, en la que la defensa buscará una nueva audiencia por el delito de intento de homicidio contra los uniformados que participaron en su detención.

Este caso pone en evidencia la necesidad de mantener el orden y la seguridad en Puebla, así como la importancia de un sistema judicial firme que garantice la protección de la propiedad privada y la tranquilidad de los ciudadanos.