La reciente detención de Rafael Z., señalado como el presunto responsable de múltiples ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, ha llevado a la Fiscalía General del Estado a reabrir investigaciones sobre hechos violentos ocurridos en Puebla en los últimos ocho años.

Entre los casos que se revisan se encuentra uno registrado en 2018, cuando una unidad de la Ruta 14 recibió el impacto de un proyectil que rompió uno de sus cristales mientras circulaba por la Vía Atlixcáyotl. En ese momento, las autoridades atribuyeron el daño a una falla del vidrio, aunque con el tiempo se acumularon denuncias similares que ahora cobran nueva relevancia.

Otro incidente bajo análisis ocurrió en enero de 2022, cuando una mujer de 48 años perdió la vida tras recibir un disparo mientras viajaba en una unidad de la Ruta Malacatepec, a la altura de la avenida Kepler. Inicialmente se consideró la posibilidad de un asalto o un conflicto vial, pero la Fiscalía descartó el robo al determinar que el proyectil provenía del exterior del vehículo.

Además, se investigan otros ataques registrados entre 2022 y 2023 en la zona de Angelópolis, que afectaron a automovilistas, ciclistas y trabajadores. Las autoridades buscan establecer si estos hechos comparten un patrón balístico o un modo de operación similar al de los ataques recientes.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado la responsabilidad de Rafael Z. en estos casos históricos. La fiscal Idamis Pastor informó que los expedientes fueron reabiertos para realizar nuevos peritajes, análisis balísticos y reconstrucciones que permitan esclarecer si existe una relación entre estos hechos y el presunto tirador.

Rafael Z. fue detenido esta semana durante un cateo en el fraccionamiento Santa Fe, donde presuntamente disparó contra agentes ministeriales. Actualmente enfrenta investigaciones por 11 ataques documentados en 2026 contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, además de cargos por tentativa de homicidio derivados de la agresión contra policías durante su captura.

Este caso pone en evidencia la importancia de mantener el orden y la seguridad en Puebla, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante la violencia armada, sin que ello implique una intervención estatal excesiva que pueda afectar la propiedad privada y la libre circulación de los ciudadanos.