La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene abierta la investigación por el homicidio del periodista Josué Martínez Contreras, ocurrido este jueves 16 de julio de 2026 en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, las autoridades analizan un presunto conflicto político como posible móvil del crimen, debido a que el comunicador habría recibido amenazas previas relacionadas con el presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, Eder Montalvo.

La Fiscalía precisó que esta es una de las líneas de investigación y que, hasta el momento, no existe una determinación oficial sobre el móvil del homicidio ni se ha informado sobre personas detenidas.

Se reportó que fue el hijo de Martínez, de 13 años, quien llamó a los servicios de emergencia, acompañado de su abuela, quien también presenció el crimen. El periodista murió frente a su madre e hijo, lo que añade un componente trágico a este hecho.

Este asesinato ocurre en un contexto en el que el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, encabezado por el alcalde Juan Manuel Alonso, ha destacado públicamente una disminución en diversos indicadores delictivos y ha sostenido que las estrategias de seguridad implementadas en el municipio han dado resultados.

Sin embargo, el homicidio de Josué Martínez vuelve a colocar a Texmelucan en el centro de la discusión sobre la seguridad en la región, uno de los municipios con mayores retos en materia de violencia en el estado. Diversos análisis independientes han señalado que, pese al discurso oficial, delitos como homicidios, robos y narcomenudeo continúan representando un desafío para el municipio.

El crimen ha generado preocupación entre el gremio periodístico y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que han exigido una investigación pronta, exhaustiva y el esclarecimiento de los hechos para evitar la impunidad.

Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, así como de garantizar la protección de quienes ejercen la labor periodística, fundamental para la transparencia y el orden social.