El pasado 24 de junio, dos terremotos sacudieron Venezuela, dejando un saldo trágico de más de 4,500 muertos. Entre las víctimas se encontraba una pareja española: Luis María Olalde Quintela y su esposa Alazne Solabarrieta. Mientras que ella falleció, Olalde fue rescatado de los escombros de un edificio derrumbado en una zona de clase media
El pasado 24 de junio, dos terremotos sacudieron Venezuela, dejando un saldo trágico de más de 4,500 muertos. Entre las víctimas se encontraba una pareja española: Luis María Olalde Quintela y su esposa Alazne Solabarrieta. Mientras que ella falleció, Olalde fue rescatado de los escombros de un edificio derrumbado en una zona de clase media en Caracas.
Este rescate reveló la presencia de Olalde en Venezuela y motivó que la justicia española reactivara dos procesos judiciales en su contra. Se le acusa por su participación en el comando ‘Urola’ de la disuelta organización separatista y terrorista vasca ETA, específicamente por su presunta implicación en un atentado ocurrido en 1979 que causó la muerte de tres guardias civiles españoles, según reportó el diario La Voz de Galicia.
Olalde, conocido como Txistu, ha residido en Venezuela durante décadas. De hecho, a principios de este siglo, el gobierno español intentó su extradición sin éxito. Actualmente, figura en la lista de prófugos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de España, que a finales de 2025 incluía a poco más de veinte personas con paradero en países como Brasil, Cabo Verde, Cuba, Francia, México, Uruguay y Venezuela, de acuerdo con información del diario El País.
Cabe destacar que durante la década de 1980, varios miembros de ETA llegaron a Venezuela en el marco de acuerdos entre el entonces presidente español Felipe González y el mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez.
Por su parte, la organización Dignidad y Justicia, que defiende a las víctimas de ETA, ha señalado que la reciente localización de Olalde representa una oportunidad excepcional para que responda ante la justicia española por los actos terroristas que se le imputan.
Este caso pone nuevamente en evidencia la complejidad de la justicia internacional y la importancia de mantener el orden y la legalidad frente a quienes han atentado contra la seguridad y la propiedad privada, valores fundamentales para cualquier sociedad democrática.














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