Puebla analiza tipificar el linchamiento como delito tras incidente en Cohuecan

Puebla analiza tipificar el linchamiento como delito tras incidente en Cohuecan

El diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, solicitó al Congreso del Estado de Puebla la aprobación de una reforma para tipificar el linchamiento como delito, con el fin de sancionar con mayor severidad a quienes recurran a la justicia por propia mano. La petición surge tras el caso ocurrido el pasado fin de semana

El diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, solicitó al Congreso del Estado de Puebla la aprobación de una reforma para tipificar el linchamiento como delito, con el fin de sancionar con mayor severidad a quienes recurran a la justicia por propia mano.

La petición surge tras el caso ocurrido el pasado fin de semana en el municipio de Cohuecan, donde un comerciante dedicado a la compra de chatarra fue víctima de un linchamiento, según reportes oficiales. Villegas Mendoza lamentó el hecho y subrayó que ningún acto de violencia colectiva puede justificarse, incluso cuando se trate de la detención de presuntos delincuentes.

El legislador enfatizó que las personas afectadas por algún delito deben permitir la intervención de las autoridades competentes y evitar acciones que pongan en riesgo la vida e integridad de terceros.

Puebla se encuentra entre las siete entidades con mayor número de casos de linchamiento en el país, situación que, a juicio del diputado, hace necesaria una reforma legislativa que establezca sanciones específicas y más severas. La iniciativa plantea penas de hasta 15 años de prisión para los autores materiales y hasta 10 años para quienes inciten o promuevan estos actos.

Villegas Mendoza también hizo un llamado a los ayuntamientos para fortalecer los protocolos de atención ante posibles intentos de linchamiento y para solicitar oportunamente el apoyo de las autoridades estatales, con el objetivo de evitar más tragedias.

Este debate cobra relevancia en un estado donde la seguridad y el orden público requieren respuestas firmes, y donde la intervención estatal debe ser oportuna y eficaz para proteger la propiedad privada y garantizar la justicia a través de los cauces legales establecidos.

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