Un reportaje publicado por The New York Times, en colaboración con Puente News, reveló que funcionarios y legisladores mexicanos, principalmente vinculados con Morena, han establecido contactos con autoridades de Estados Unidos para proporcionar información relacionada con investigaciones sobre presuntos vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.

De acuerdo con el diario estadounidense, al menos una docena de funcionarios, entre ellos gobernadores y legisladores, han buscado comunicarse con autoridades estadounidenses, y algunos ya participan en conversaciones confidenciales. El medio señala que varios de estos funcionarios buscan anticiparse a posibles investigaciones en su contra.

Estas acciones comenzaron después de que, a finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.

El reporte, firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, indica que una iniciativa de la DEA consistió en contactar de manera privada a funcionarios mexicanos para persuadirlos de colaborar con las investigaciones.

Asimismo, el diario señala que las pesquisas se nutren de información proporcionada por integrantes del Cártel de Sinaloa detenidos en Estados Unidos, así como por algunos de los 92 presuntos operadores del narcotráfico enviados por México a territorio estadounidense durante los últimos 18 meses, varios de los cuales habrían comenzado a colaborar con fiscales federales.

Estas investigaciones han generado una creciente fricción diplomática entre México y Estados Unidos. Desde que se hicieron públicas las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descalificado reiteradamente los señalamientos y ha insistido en que cualquier indagatoria debe realizarse con base en los mecanismos de cooperación entre ambos países y con respeto a la soberanía nacional.

Este tipo de situaciones evidencian la complejidad y los retos que enfrenta el gobierno federal en materia de seguridad y justicia, donde la colaboración internacional resulta indispensable para combatir eficazmente al crimen organizado, sin que ello implique una pérdida de autonomía ni un debilitamiento del Estado de derecho.