El pasado 23 de junio, a las 22:40 horas, fue detenido en la capital de Puebla Eduardo Ortega Martínez, quien se identifica como asesor político del presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez. La detención ocurrió a la altura de la colonia La Carmelita, según consta en el Registro Nacional de Detenciones. Al momento
El pasado 23 de junio, a las 22:40 horas, fue detenido en la capital de Puebla Eduardo Ortega Martínez, quien se identifica como asesor político del presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez. La detención ocurrió a la altura de la colonia La Carmelita, según consta en el Registro Nacional de Detenciones.
Al momento de su arresto, Ortega Martínez vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra verde y botas. Fue trasladado al Complejo Metropolitano de Seguridad para las diligencias correspondientes.
Reportes extraoficiales indican que policías municipales aseguraron a Ortega Martínez por presunta posesión de drogas, además del uso indebido de una torreta, ya que no se trataba de un vehículo oficial, y portación de armas.
Hasta el momento, el presidente del Congreso de Puebla no ha emitido ninguna declaración oficial respecto a la detención de su supuesto asesor.
Tras su liberación, el mismo 23 de junio, Eduardo Ortega difundió una serie de videos en los que aparece con su familia en el municipio de Acatlán de Osorio, con la intención de demostrar que ya no se encontraba bajo custodia de las autoridades.
Cabe destacar que, aunque Ortega Martínez se presenta como asesor de Pavel Gaspar, no figura en la nómina oficial del Congreso de Puebla. Una revisión al Portal Nacional de Transparencia no arroja registro alguno de su incorporación como trabajador del Poder Legislativo, por lo que se desconoce su salario y las funciones que desempeña dentro del Congreso.
Se sabe que Eduardo Ortega ha acompañado al diputado Pavel Gaspar en diversos recorridos por la Mixteca poblana y en reuniones con grupos de izquierda, lo que evidencia su cercanía con el legislador, aunque sin un vínculo formal reconocido por la institución.
Este caso pone en evidencia la falta de claridad y control en la contratación y supervisión del personal que rodea a funcionarios públicos, un aspecto que debería atenderse con rigor para preservar la integridad y el orden en las instituciones.
















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