María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, hizo pública una denuncia de violencia familiar a través de una serie de videos difundidos en su canal de YouTube. En estas grabaciones, que datan aproximadamente del 15 de marzo de 2026, Jiménez expone ser víctima de agresiones físicas por parte de
María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, hizo pública una denuncia de violencia familiar a través de una serie de videos difundidos en su canal de YouTube. En estas grabaciones, que datan aproximadamente del 15 de marzo de 2026, Jiménez expone ser víctima de agresiones físicas por parte de su esposo y solicita ayuda directa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
En los videos, la mujer muestra escenas de forcejeos, empujones y golpes, en presencia de un menor de edad, mientras intenta proteger un portadocumentos de color verde. Durante el altercado, Rodríguez Padilla intenta arrebatarle el objeto y, en un momento, incluso regresa con un palo para dañar la cámara de seguridad que registra los hechos. La grabación tiene una duración de cinco minutos con cuatro segundos y evidencia la violencia física ejercida contra Jiménez.
En la descripción de los videos, María Felicia advierte que denunciar esta situación implica un alto costo personal: la posible pérdida de su empleo, su patrimonio, su vivienda y la custodia de sus hijos menores. Atribuye esta amenaza a la cercanía de su esposo con altos funcionarios del gobierno federal, incluyendo gobernadoras, diputadas y secretarias de Estado. “En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”, afirmó.
Asimismo, la denunciante cuestiona la coherencia del discurso público de Rodríguez Padilla, quien ha promovido la soberanía energética y la igualdad de género en foros como Pemex y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), donde actualmente se desempeña como director.
Este caso pone en evidencia la complejidad de abordar la violencia familiar cuando involucra a funcionarios públicos de alto nivel, y plantea un llamado a las autoridades para garantizar la protección de las víctimas sin que la cercanía política interfiera en la justicia.














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