Cuatro usuarios presentaron una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment en San Francisco, acusando a la empresa de incumplir la ley de transparencia en bienes digitales de California (AB 2426), vigente desde principios de 2025. La legislación prohíbe el uso de términos como «comprar» o «propiedad» sin advertir claramente que los juegos digitales son licencias revocables y no propiedad definitiva.

La demanda señala que, aunque la PlayStation Store incluye avisos legales en su proceso de compra, estos son poco visibles y generan confusión entre los consumidores, quienes creen adquirir un producto físico o de propiedad plena. Esta controversia surge en un contexto de creciente descontento tras el cierre de servidores que ha dejado inaccesibles varios títulos, como el caso reciente de Destruction AllStars, un juego exclusivo de PS5 lanzado en 2021 y cuyos servidores fueron cerrados en mayo de 2026. Su modo para un jugador, actualmente disponible, desaparecerá el 25 de noviembre de este año, dejando el juego inutilizable para quienes lo compraron.

Este fenómeno comenzó en 2023 con el cierre de servidores de The Crew, un juego de Ubisoft, lo que motivó la creación de la ley AB 2426 por la asambleísta Jacqui Irwin. Además, ha impulsado el movimiento internacional Stop Killing Games, que busca que las editoras permitan a las comunidades mantener servidores privados o jugar sin conexión tras el abandono comercial.

Sony enfrenta en 2026 múltiples litigios además de esta demanda por transparencia. Entre ellos destaca un acuerdo preliminar aprobado por un tribunal federal para resolver una demanda antimonopolio (Caccuri v. Sony) relacionada con la prohibición de venta de códigos digitales en tiendas minoristas entre 2019 y 2023. El acuerdo contempla un pago de 7.85 millones de dólares y compensaciones automáticas para los usuarios afectados, con audiencia final programada para el 15 de octubre de 2026.

Asimismo, en mayo pasado se presentó otra demanda colectiva que acusa a Sony de sobreprecios en la consola PS5 durante la crisis de aranceles, señalando que la empresa no trasladó a los consumidores las devoluciones millonarias de impuestos aduaneros que recibió.

Mientras los tribunales evalúan si Sony debe modificar la terminología en su tienda digital para reflejar la naturaleza de licencia de sus productos, este caso podría sentar un precedente importante para la industria del entretenimiento digital, exigiendo mayor claridad y respeto a los derechos de los consumidores.