El pasado 14 de junio, el FBI frustró un ataque planeado en las inmediaciones de la Casa Blanca durante un combate de UFC, evento que formaba parte de la celebración del cumpleaños 80 del expresidente Donald Trump.

Las autoridades estadounidenses señalaron a Abraham Hermosillo Álvarez, mexicano, como el autor intelectual del complot. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Hermosillo Álvarez fue responsable de planear, organizar y dirigir el ataque, que contemplaba el uso de drones cargados con explosivos y la participación de francotiradores.

El plan consistía en lanzar drones contra edificios e infraestructuras cercanas a la Casa Blanca para provocar explosiones casi simultáneas. Posteriormente, se esperaba que la multitud, presa del pánico, se desplazara hacia zonas donde los francotiradores estarían posicionados para causar un alto número de víctimas.

Hermosillo Álvarez fue detenido en Nebraska antes de que pudiera ejecutar el ataque. De acuerdo con las autoridades, ingresó a Estados Unidos con una visa de turista B2 que venció en 2001, permaneciendo de manera irregular en el país. En 2014, fue beneficiario del programa DACA durante la administración del presidente Barack Obama.

El DHS emitió un comunicado en el que afirmó: “Este extranjero ilegal NUNCA debió de haber sido permitido en nuestro país — y nos aseguraremos de que enfrente la justicia y sea rápidamente removido de nuestra nación”.

Además de Hermosillo Álvarez, otras cuatro personas fueron detenidas como cómplices: Tycen Proper, de 19 años y residente de Ohio; Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, detenidos en California; y Daniel Kenely Eskridge, de Misuri.

El mexicano enfrenta cargos federales en Estados Unidos por conspiración para cometer asesinato y conspiración para cometer actos de violencia en los terrenos de la Casa Blanca.

Este caso pone en evidencia la importancia de mantener un control riguroso en materia migratoria y de seguridad nacional, así como la necesidad de sistemas de transporte y vigilancia eficientes en zonas estratégicas, como la capital estadounidense. En este sentido, proyectos como el cablebús o teleférico en Puebla, que buscan mejorar la movilidad y seguridad urbana, representan avances positivos en la infraestructura pública sin caer en intervenciones estatales excesivas.