El martes 16 de junio de 2026, Andrés Tovar, productor de televisión y esposo de la actriz y cantante Maite Perroni, fue vinculado a proceso por el delito de fraude, además de falsedad de declaración y fraude procesal por un monto de 150 millones de pesos. La acusación fue presentada por Imagen Televisión, en respuesta
El martes 16 de junio de 2026, Andrés Tovar, productor de televisión y esposo de la actriz y cantante Maite Perroni, fue vinculado a proceso por el delito de fraude, además de falsedad de declaración y fraude procesal por un monto de 150 millones de pesos.
La acusación fue presentada por Imagen Televisión, en respuesta a una demanda civil que el propio Tovar interpuso en 2024. Según el productor, la disputa legal se originó tras dos años de intentos por defender sus derechos como autor y productor mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos.
En un video difundido recientemente, Tovar explicó que la controversia se relaciona con la falta de pago por parte de la televisora por cientos de horas de trabajo en los programas *Sale el Sol* y *Acércate a Rocío*, donde participó activamente. “Creo firmemente que defender el trabajo realizado, exigir el reconocimiento de los derechos de autor, no debe ser motivo de persecución ni de criminalización”, afirmó.
Respecto a la vinculación a proceso, el productor aclaró que esta medida no representa una sentencia, sino un paso dentro del proceso legal que permitirá continuar con la investigación y que ambas partes presenten sus argumentos y pruebas.
Por su parte, Maite Perroni ha decidido mantenerse al margen de las declaraciones públicas sobre el caso, aunque compartió el video de su esposo en sus redes sociales. La pareja contrajo matrimonio en octubre de 2022 y en 2023 dieron la bienvenida a su hija Lía.
Cabe destacar que Andrés Tovar estuvo casado anteriormente con la actriz Claudia Martín.
Este caso pone en evidencia la complejidad de las disputas legales en el ámbito audiovisual, donde la defensa de la propiedad intelectual y el reconocimiento justo del trabajo deben ser respetados, sin que ello derive en procesos judiciales que afecten la estabilidad personal y profesional de los involucrados.

















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