El fin de semana pasado, presuntos trabajadores de los restaurantes Deigo Ramen y Deigo Sushi, propiedad del influencer y empresario mexicano Luisito Comunica y sus socios, denunciaron a través de redes sociales la falta de reparto de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Según la empresa, no habrá pago de utilidades porque supuestamente «no se generaron ganancias sujetas a distribución».

La denuncia se difundió mediante una cuenta de tendencias que publicó el testimonio de un supuesto empleado, quien cuestionó la incongruencia entre la negativa a repartir utilidades y la apertura continua de nuevas sucursales, centros de producción y alianzas comerciales.

Además de Luisito Comunica, se señala como principal responsable a Yoshitake Yanagi Casillas, junto con los socios Oscar Meza, Lalo Villar, Ari Tenorio y la nueva socia Lily Chenlu.

Entre las acusaciones destacan:
– Un «bono» de silencio de apenas 2 mil pesos para evitar protestas por la falta de utilidades.
– Cambios anuales de razón social sin informar a los trabajadores, presuntamente para evadir al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
– Sueldos pagados parcialmente «por debajo de la mesa», con empleados dados de alta con salarios menores y complementos en efectivo o transferencias.
– Descuentos completos de propinas a quienes faltan o llegan tarde, bajo el argumento de que «el restaurante lo requiere».
– Condiciones precarias en las sucursales, que según los denunciantes «se están cayendo a pedazos», y un llamado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para inspeccionar los establecimientos.

Cabe recordar que el pago de utilidades es un derecho constitucional; sin embargo, la ley permite que una empresa no las otorgue si demuestra legalmente ante las autoridades la ausencia de ganancias. Hasta el momento, no existe confirmación oficial ni resolución por parte de las autoridades laborales sobre estas acusaciones.

Este caso pone en evidencia la complejidad del entorno empresarial en México, donde la protección de los derechos laborales debe equilibrarse con la viabilidad económica de las empresas, especialmente en sectores competitivos como el gastronómico. Habrá que esperar el desarrollo de esta controversia para conocer su desenlace definitivo.