La reciente desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel ha puesto bajo el escrutinio público a la clínica estética “Detox”, ubicada en la Calzada Zavaleta de la ciudad de Puebla. Este establecimiento, dirigido por Diana Alejandra Palafox Romero —quien no cuenta con cédula profesional—, operaba al margen de la ley y ofrecía una amplia gama de procedimientos quirúrgicos y ginecológicos de alto riesgo, sin contar con los permisos ni la supervisión de las autoridades sanitarias correspondientes.

Desde sus inicios, el centro publicitó agresivamente tratamientos que incluían desde el “estrechamiento vaginal” hasta liposucciones con tecnología avanzada a precios considerablemente bajos, como la “extracción de un litro de grasa al instante” por 14 mil pesos empleando la técnica Microaire (PAL). En sus mensajes promocionales, la supuesta especialista aseguraba que estos procedimientos eran ambulatorios, de corta duración y recuperación inmediata, restando importancia a los riesgos inherentes de toda intervención invasiva.

En un video difundido en redes sociales, la propietaria defendía la seguridad y eficiencia de sus métodos, afirmando que el uso de Microaire facilitaba la labor del cirujano y reducía los riesgos para el paciente. Sin embargo, la falta de regulación y de personal certificado ponía en peligro la salud e integridad de quienes acudían al lugar.

El catálogo ofrecido por “Detox” abarcaba también tratamientos para la incontinencia urinaria, colocación de implantes hormonales conocidos como “chips sexuales”, aplicación de Botox, ácido hialurónico, endolifting facial y procedimientos regenerativos complejos, como el denominado “ADN de salmón”. Todos estos servicios se ofertaban sin la transparencia y el respaldo profesional que exigen las leyes mexicanas para el ejercicio de la medicina.

El caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel, quien desapareció tras convulsionar durante un procedimiento de abdomen en esta clínica, generó alarma entre la población. Tras la difusión de su caso, diversos ciudadanos se comunicaron con este medio para compartir que estuvieron a punto de contratar los servicios de “Detox” atraídos por los bajos precios. Otros, en cambio, expresaron que decidieron retirarse tras percibir falta de formalidad y condiciones poco profesionales en el consultorio.

Luego de que la Fiscalía General del Estado desplegara operativos y cateos en el inmueble, testigos reportaron que el personal de la clínica eliminó de inmediato todo el contenido de sus redes sociales. Sin embargo, usuarios continúan detectando actividad digital intermitente en las cuentas vinculadas a la propietaria y sus colaboradores.

Hasta la fecha, Diana Alejandra Palafox Romero, su hijo y una asistente enfermera permanecen prófugos de la justicia, señalados por el presunto secuestro de la madre de familia de 37 años. Las autoridades continúan con las investigaciones, reiterando la importancia de acudir únicamente a profesionales certificados y establecimientos autorizados para la realización de cualquier procedimiento médico o estético. Este caso subraya la responsabilidad de los ciudadanos de exigir transparencia, legalidad y seguridad en la prestación de servicios de salud, así como la necesidad de fortalecer la vigilancia y la aplicación de la ley para proteger la vida y el patrimonio de las familias mexicanas.